Un abogado de esa instancia, que habló con la publicación bajo condición de anonimato, explicó que se trata de obligar a las urbes -que suman unas 200 en todo el país-, a cooperar con los funcionarios de inmigración federales.
Entre las opciones que se barajan estaría encauzar a los departamentos de Policía locales que se nieguen a cooperar con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otro argumento sería que las municipalidades que se nieguen a cumplir con lo estipulado por el ICE serían declaradas en rebeldía, porque deben cumplir con las solicitudes de otras agencias federales como el FBI (Buró Federal de Investigaciones).
La fuente del DOJ señaló asimismo que el gobierno federal está buscando circuitos judiciales amistosos para presentar querellas contra ciudades santuarios.
Manifestó asimismo su confianza en que cuando el presidente Donald Trump logre llenar más puestos vacantes en tribunales federales, mejorarán las posibilidades para el Gobierno de obtener una victoria legal.
Desde el inicio de la actual administración, Trump y el DOJ han chocado con las ciudades santuario que limitan su colaboración con las autoridades federales para proteger a los inmigrantes indocumentados.
Pocos días después de asumir el cargo el 20 de enero, el jefe de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.
La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos fondos a las ciudades santuario, pero fue bloqueada en abril por un juez de distrito en San Francisco, California.
En marzo, el fiscal general Jeff Sessions anunció que los gobiernos locales de estas urbes podrían dejar de recibir las subvenciones del departamento.
La víspera, el Gobierno anunció que respaldará al estado de Texas en la defensa ante los tribunales de la ley aprobada por su gobernador, Greg Abbott.
Sin aviso previo al público, Abbott rubricó el 7 de mayo una norma por la cual los agentes del orden podrán preguntar la condición migratoria a los detenidos.
Asimismo contempla penas de cárcel para los jefes policiales que no cooperen con las autoridades gubernamentales.
Por ello, el departamento de Justicia presentó este viernes una declaración de interés en la ciudad de El Cenizo.
Esa localidad se sumó a las cuatro grandes urbes de Texas (Austin, San Antonio, Houston y Dallas) y condados como de El Paso y Maverick que se oponen a la iniciativa legal.
Entrevistado por una televisora local el mes pasado, Abbott expresó que nadie debe tener miedo de ser detenido para comprobar su estatus migratorio a menos que sea sospechoso de haber cometido algún delito grave.
Sin embargo, los opositores a la ley, que debe entrar en vigor el 1 de septiembre, afirmaron que ésta no ofrece las garantías planteadas por el gobernador.
