Elpoderbanilejo.com El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que la pandemia de Covid-19 alteró el cronograma de ejecución del edificio sede de ese órgano constitucional y provocó un aumento en el costo.
Además, dijo que la estructura fue ubicada en un terrero con características inadecuadas, lo que conllevó a que, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, se realizaran los planos adecuados a una institución que busca la calidad.
Explicó que se hicieron todos los juegos de planos necesarios y la aprobación requerida por los organismos competentes del Estado.
La obra, que se encuentra paralizada, está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante convenio suscrito en el 2018 en la pasada gestión del Defensor del Pueblo, que tuvo como titular a la doctora Zoila Martínez Guante. Para esos fines, y la rehabilitación de 14 oficinas regionales fueron entregados al PNUD unos 6 millones de dólares.
Los terrenos, ubicados en la avenida 27 de Febrero número 256, en el sector Los Restauradores del Distrito Nacional, fueron adquiridos en el 2015 por RD$39 millones, según informó la institución en esa ocasión mediante un comunicado de prensa.
“Esta gestión ha tenido que asumir la adecuación de una obra cuyas características distan mucho de lo que debiera de haber sido un espacio para un órgano constitucional. Esto modificó el listado de cantidades”, puntualizó Ulloa por escrito, atendiendo a una solicitud de Listín Diario.
Indicó que en su caso, hubiera hecho los esfuerzos para que el Estado dominicano asumiera la responsabilidad que correspondía de dotar a la institución de un inmueble con mobiliario.
Acotó que ha tenido que administrar un contrato por el principio de continuidad del Estado, en referencia al acuerdo suscrito entre el Defensor del Pueblo y el PNUD en el 2018.
Fuente: Listin Diario
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