Elpoderbanilejo.com por: Glendy Marte, Baní.- El abogado Jorge de los Santos, representante comercial de la planta procesadora Agua Don Andrés, calificó como arbitrario e ilegal el operativo realizado por las autoridades de Salud Pública, mediante el cual fueron cerradas aproximadamente 28 plantas procesadoras de agua en Baní y otras localidades de la provincia Peravia. Aseguró que la medida se produjo por supuestos inconvenientes con la renovación de permisos y no por problemas relacionados con la calidad del producto.
De los Santos explicó que, según las informaciones que maneja, los establecimientos afectados tenían pendiente la renovación de determinados permisos, cuyo costo ronda los 4,000 pesos. Sin embargo, cuestionó que las autoridades procedieran al cierre de los negocios sin tomar en cuenta las consecuencias económicas y laborales que representa la suspensión de sus operaciones.
El representante de Agua Don Andrés indicó que esa empresa contaba con 11 empleados, mientras que las demás plantas afectadas generan cientos de puestos de trabajo en la provincia.
El abogado sostuvo que el cierre de estos establecimientos podría dejar sin empleo a más de 300 trabajadores, afectando directamente a numerosas familias que dependen de esas actividades comerciales.
Asimismo, consideró que la cantidad de negocios clausurados demuestra que la situación no se limita a una sola empresa, sino que involucra a una parte importante del sector dedicado al procesamiento y comercialización de agua y hielo en la zona.
De los Santos también aseguró que las autoridades no notificaron previamente a los propietarios sobre las irregularidades relacionadas con la renovación de los permisos, sino que, según su versión, llegaron directamente a los establecimientos, verificaron la documentación y procedieron a suspender sus actividades.
En ese sentido, cuestionó el procedimiento utilizado por Salud Pública y manifestó que la paralización de tantas plantas puede provocar dificultades en el abastecimiento de agua y hielo, además de comprometer la capacidad de los propietarios para cumplir con sus compromisos económicos y salariales.
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