Elpoderbanilejo.com por: Glendy Marte, Baní.- El abogado Juan Aybar rechazó las intervenciones realizadas en Cerro Gordo y la tala de árboles vinculada a instituciones públicas en la provincia Peravia, calificándolas de actuaciones irresponsables y posibles crímenes contra la naturaleza. Asimismo, exigió que se investigue a los organismos involucrados y que sus responsables rindan cuentas ante la ciudadanía.
Aybar manifestó su preocupación por lo que considera una falta de responsabilidad de las autoridades locales frente a las acciones ejecutadas por instituciones del propio Estado. En ese sentido, cuestionó que Bienes Nacionales haya intervenido en la provincia sin, según sus declaraciones, establecer previamente una coordinación con las autoridades correspondientes.
El jurista también denunció una intervención reciente atribuida al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que habría afectado la falda de Cerro Gordo, espacio que definió como patrimonio cultural de Peravia, amparado en una resolución aprobada por la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal en el año 2010.
El abogado consideró inaceptable que instituciones estatales ejecuten acciones que puedan afectar el patrimonio natural de la provincia y que, posteriormente, ninguna entidad asuma la responsabilidad por lo ocurrido. También cuestionó la actitud de las autoridades locales, al considerar que deben desempeñar un papel más activo en la protección de los recursos naturales.
Ante esta situación, hizo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que presente un informe público en el que explique las circunstancias y autorizaciones relacionadas con las intervenciones denunciadas.
De igual manera, solicitó la intervención de la Procuraduría General de Medio Ambiente para que abra una investigación y determine si existen responsabilidades legales por las actuaciones atribuidas a Bienes Nacionales y al INDRHI.
Aybar sostuvo que, de comprobarse violaciones a las disposiciones ambientales, las autoridades responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. En particular, planteó que los directores de ambas instituciones sean sometidos a la justicia si se determina que actuaron sin los permisos requeridos.
Asimismo, condicionó la justificación de esas intervenciones a que los organismos involucrados puedan presentar las autorizaciones escritas emitidas por el Ayuntamiento Municipal y el Ministerio de Medio Ambiente.
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