Elpoderbanilejo.com por: Glendy Marte, Baní.- El abogado Jorge de los Santos, representante de la familia Cintrón, cuestionó las actuaciones de funcionarios del Ayuntamiento de Baní relacionadas con un inmueble propiedad de la empresa Cintrón y afirmó que la defensa continuará recurriendo a las vías legales para proteger el derecho de propiedad.
De los Santos respondió a recientes declaraciones del encargado de Planeamiento Urbano del cabildo, Andrés de los Santos, y sostuvo que, a su juicio, el Ayuntamiento carece de facultades para declarar de utilidad pública un inmueble y disponer de este sin que se cumplan los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes.
El jurista citó el artículo 51 de la Constitución dominicana, relativo al derecho de propiedad, y argumentó que cualquier afectación de un inmueble por razones de utilidad pública debe estar sustentada en el marco legal correspondiente y contemplar la debida compensación al propietario.
Asimismo, cuestionó decisiones municipales que, según afirmó, han generado conflictos entre propietarios y autoridades en distintos sectores de Baní. Mencionó, entre otros casos, situaciones relacionadas con la urbanización María del Carmen y otros inmuebles cuyos conflictos, indicó, ya son conocidos por los órganos jurisdiccionales.
El representante legal también hizo referencia al caso de Juan Carlos Guzmán, al señalar que determinadas actuaciones municipales habrían afectado sus intereses. En ese contexto, expresó cuestionamientos sobre los criterios utilizados por las autoridades para otorgar determinadas autorizaciones.
De los Santos insistió en que los funcionarios públicos deben actuar conforme a la Constitución y las leyes, y sostuvo que las decisiones administrativas que vulneren el derecho de propiedad pueden ser impugnadas por las vías correspondientes.
En cuanto a las acciones que contempla la familia Cintrón, el abogado informó que mantienen en curso un recurso de amparo de carácter constitucional y que continuarán llevando el proceso ante los tribunales hasta agotar las instancias legales. Además, adelantó que analizan la posibilidad de presentar querellas penales contra quienes pudieran resultar responsables de actuaciones que, según su interpretación, violen las disposiciones legales relacionadas con áreas de dominio público.
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