BANÍ, República Dominicana.- El Ayuntamiento de Baní recibiría una asignación de 154 millones 835 mil 160 pesos, según lo contemplado en el proyecto de ley de Gastos Públicos del Gobierno central para el año fiscal 2018, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
En tanto, en el recién creado municipio de Matanzas serían asignados 28 millones 528 mil 168 pesos, mientras que la localidad de Nizao recibiría 23 millones 162 mil 045 pesos del Presupuesto Nacional.
Este viernes, la municipalidad de Baní realizó el cabildo abierto con la participación directa de las juntas de vecinos de los cuatro bloques urbanos y las 14 secciones o parajes que componen esta localidad.
Pero, ¿Qué es el Presupuesto Participativo? El artículo 236 de la ley 176-07 dice que este capítulo “tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por ley, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto”.
En el caso del Ayuntamiento de Baní, que recibirá la asignación anteriormente señalada, si calculamos el 40% de esa cantidad, habría que destinar 61 millones de pesos a Presupuesto Participativo, casi el doble del que ha sido dispuesto por el Fondo de Disponibilidad Financiera de la oficina de PP.
Obviamente, sin tomar en cuenta los ingresos propios por tasas y arbitrios que recauda la municipalidad, que al redondearlos y sumados a la transferencia estatal alcanzarían aproximadamente 200 millones de pesos.
Fuentes congresuales señalaron que las asignaciones a las municipalidades se mantendrían iguales a las del año fiscal anterior, a pesar de la enorme demanda de servicios públicos.
Eso es explicable porque El Gobierno nacional no ha tenido aumentos considerables de las recaudaciones de impuestos, y debe destinar un alto porcentaje al pago de la deuda externa.
Se estima que la baja presión fiscal está contribuyendo a un mayor déficit y endeudamiento que algunos observadores consideran insostenibles. Hay quienes sostienen que, de implementarse una reforma tributaria como han recomendado el empresariado y organismos internacionales, sería políticamente costoso para el partido de Gobierno. En tanto, el gasto a la inversión pública va a continuar en baja y la demanda de servicios en aumento.
Esa situación está afectando grandemente a las municipalidades del país que, a pesar de que la ley ordena la asignación del 10 por ciento del Presupuesto Nacional, los ayuntamientos no logran ni siquiera el 3 por ciento de ese mandato congresual.
F:P.M.
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