Y será que él no tiene familia?

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ALINETTE

Trabajar en instituciones del Estado, podría resultar para algunos una fuente de ingresos seguro, en el que puede llegar a crecer de nivel de responsabilidad y puesto de trabajo. La seguridad de contar, en su mayoría, con los beneficios que otorgan las leyes dominicanas, entre ellos seguro médico, vacaciones, bonificaciones, y quizás hasta una pensión que garantice la subsistencia de ese individuo o de su descendencia, se cree puede obtenerse a través de un empleo fijo.

Cuando por razones no justificables, ocurre el despido de un empelado -las que se encuentran en las políticas de las instituciones y conferidas por las leyes- puede que esto genere a dicha persona un desequilibrio económico y hasta emocional-mental.

En la República Dominicana existen varias leyes en las que están claramente definidos los derechos y deberes de los ciudadanos que laboran para el Estado, entre ellas el Código de Trabajo (Ley 16-92) y también la de Función Pública (Ley 41-08).

Al respecto, en el municipio de Sabana Grande de Palenque, el pasado lunes 23 del pasado mes, las cuentas con que ese gobierno local maneja los recursos, dígase los ingresos y egresos incluyendo la asignación que le otorga el gobierno central, fueron objetos de embargo retentivo, sentencia emitida por la cámara civil y comercial del distrito judicial de San Cristóbal.

El incumplimiento del pago a las prestaciones laborales por parte del nuevo regente José Manuel Jiménez, a 140 obreros que fueron despedidos tras él tomar posesión del cargo como alcalde de esa demarcación, ha generado una serie de conflictos, que ha traído como consecuencia el embargo retentivo de las cuentas municipales.

El desconocimiento de las leyes, o quizás, el empeño en desacatar los mandatos que están incluidos en la ley 41-08, tiene a un grupo de ciudadanos en los tribunales, luchando por el cumplimiento de una norma, que arbitrariamente no se desea cumplir.

¿Será que el alcalde José Manuel Jiménez no quiere seguir gobernando el municipio? O acaso, ¿sus asesores conocen alguna normativa que permita incumplir otra norma?

Aunque así no quisiera, se ha hecho daño a un segmento de la población que, aunque no es de su línea partidaria, son igualmente habitantes de ese territorio, con familias que eran sustentados, en algunos casos, con ese único salario.

Lo más razonable señor alcalde, es que cumpla con la ley y pague las prestaciones.

Linette Del Rosario Salvador
Comunicadora

 

 

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